Ayer, en Bilbao, un hombre con deficiencia mental, agredió, violó y cortó un dedo a la educadora social que se encargaba de su piso tutelado.
Y es que, lamentablemente, estas noticias, son de esperar, porque sea quien sea la entidad encargada de gestionar cual quier centro reeducativo, piso tutelado de cualquier índole, centro de menores, acogida y protección y demás, nunca ponen los recursos necesarios mínimos para llevar a cabo la labor que en ellos se realiza.
Ya no hablaré de instrusismo laboral, falta de titulación específica ni nada que al ámbito curricular se refiera o de la gestión de las entidades de estos centros la cual deja dudosa su caracter educativo y se acerca más a la empresarial o de como se degrada nuestra profesión por contratar a gente sin la titulación requerida porque entonces este artículo no tendría fin, hablo tan sólo de carencia de recursos.
Lo primero, quiero recalcar que no es una cuestión de falta de hombres en el sector, para nada es ese el problema, si no que de la buena fe y la confianza en las personas no se puede vivir, más cuando como en este caso existe un perfil en el que se puede intuir el final de la historia, ya que el agresor iba a ser expulsado del piso por no respetar las normas ( y con ello dejamos abierto el hecho de no saber si esto sólo es referido a las normas de convivencia o a algo más conductual).
Quizás un buena medida fuera que los educadores trabajaran por parejas, si no se les quiere asignar un "guarda" que vele por su seguridad y que puede causar a los usuarios la sensación de restricción de libertades que un piso les debe dar para desarrollar su autonomía y que podría ir (a falta de estudio de la situación) contra la propia educación social. Pero claro, no vamos a poner dos sueldos por piso, ¡qué disparate!
Otra forma de intentar prevenir ciertas formas de violencia, al menos darle una herramienta al tutor de la vivienda para que tenga la oportunidad de salir a pedir ayuda, sería costearles clases de defensa personal para casos concretos. Pero de nuevo nos topamos con el seño dinero y quizás con la falta de empatía del contratante que pueda creer que con lo dispuesto ya es bastante, porque claro, nunca pasa nada.
No se si será la falta de subvenciones, la de interés por sus trabajadores o la ignorancia de quienes dirigen estas entidades las que llevan a un gran vacío en la seguridad de los centros en general.
No debemos convertirlo en cárceles ni en regímenes dictatoriales, simplemente se trata de proteger un recurso tan valioso y tan poco valorado como la educación social y sus profesionales vocacionales, que son los únicos que dan sentido y valor a las tareas que se realizan con éxito en los centros.
Primero, vamos a ver qué es Educación Social, cuáles son las funciones de sus profesionales y las titulaciones requeridas para ejercer.
Segundo, aseguremos que todo ello se convierta en una realidad.
Tercero, estudiemos cada ámbito de trabajo y pongamos a disposición de los profesionales las herramientas y protecciones necesarias para que lo desarrollen con la mayor eficacia posible.
Y por último, aquel que escatime en recursos, que trabaje como educador allí donde dijo no eran necesarias titulaciones ni recursos y que reflexione su propia experiencia.
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